Desde la atribución de la edición 2022 del Mundial a Qatar, el pequeño emirato del Golfo ha sido objeto de numerosas críticas sobre los derechos de los trabajadores migrantes, de la comunidad LGTBI+ y sobre el impacto medioambiental del torneo.
Unas acusaciones que las autoridades de aquel país rechazan, asegurando haber enmendado sus las leyes laborales. Los organizadores del certamen aseguran que las personas LGTB+ serán acogidas sin discriminación, pese a que la ley del Estado criminalice las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Según cifras oficiales, las cuales todos sabemos que los Gobiernos tienden a maquillar, tres personas murieron en los trabajos del Mundial en el 2020, pero un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo eleva a 50 fallecidos y 500 heridos graves.
El Mundial comenzará el 21 de noviembre y terminará el 18 de diciembre, es decir, no tendrá lugar en el verano boreal -el invierno austral- como los mundiales anteriores.
El éxito de la candidatura catarí fue cuestionado desde que la FIFA anunció en 2010 que este país, que nunca se había clasificado para un mundial antes, albergaría el campeonato en 2022.
La decisión generó acusaciones de que miembros de la FIFA habían sido sobornados, pero una investigación independiente comisionada por la misma Federación de Fútbol no encontró ninguna evidencia. Qué casualidad.
Sin embargo, una investigación por corrupción por parte de autoridades francesas sigue abierta, y en 2020 Estados Unidos acusó a tres funcionarios de la FIFA de recibir pagos
Asimismo, Qatar ha sido criticado por el trato dado a los 30,000 extranjeros que han trabajado en las obras del Mundial.
En 2016, Amnistía Internacional (AI) acusó a la monarquía catarí de usar mano de obra forzada: trabajadores que vivían hacinados, pagaban para ser contratados, no cobraban a tiempo y tenían sus pasaportes confiscados.
Con un modelo que mezcla el capitalismo salvaje con el tradicionalismo y el conservadurismo, los obreros que construyeron los estadios no solo sufrieron la explotación de los bajos salarios y jornadas interminables, sino también las habituales privaciones de libertad de los migrantes en Catar, donde solían quitarles el pasaporte cuando firmaban un contrato. A eso se le suma el impacto medioambiental de una competición con sus estadios con aire acondicionado o los 160 vuelos diarios que llevarán aficionados a Doha.
Desde 2017, el gobierno catarí implementó medidas para proteger a estos trabajadores del calor excesivo, limitar sus horas de trabajo y mejorar las condiciones de los lugares donde vivían.
Amnistía Internacional reconoció que algunas prácticas habías sido abolidas, como el kafala -un sistema que prohibía a los trabajadores migrantes dejar sus trabajos sin el consentimiento de sus empleadores-, pero añadió que aún sufrían de presiones por parte de sus patrones.
Human Rights Watch señaló en 2021 que los obreros extranjeros eran sometidos a “deducciones salariales ilegales y punitivas”, así como a “meses de salarios no pagados tras largas horas de trabajo agotador”.
Ese año, la prensa británica afirmó que 6,500 de estos trabajadores -provenientes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka- habían muerto en Qatar desde que el país logró la candidatura.
El gobierno respondió que estas cifras son una sobreestimación, porque incluyen a miles de extranjeros que murieron después de vivir y trabajar allí durante muchos años, incluso en actividades que no estaban vinculadas con la construcción de la infraestructura mundialista.
Para Qatar, las cifras oficiales son 37 trabajadores muertos entre 2014 y 2020 vinculados a la construcción de los estadios.
Además de las condiciones laborales, la decisión de organizar el torneo en un país donde la homosexualidad es ilegal ha sido muy criticada.
Estas preocupaciones han llegado a los planteles mundialistas. El técnico de la selección inglesa, Gareth Southgate, dijo que sería “muy vergonzoso” que algunos fans no pudieran acudir a la Copa del Mundo por el miedo a cómo podrían llegar a ser tratados.
El jefe ejecutivo de la federación danesa, Joakob Jensen, anticipó que su selección no tendrá los logos de sus patrocinadores comerciales en las camisetas sino “mensajes que promoverán los derechos humanos”.
No solo la comunidad LGBTIQ+ sino también las mujeres son motivo de preocupación en el primer país árabe que acogerá un Mundial.
Amnistía Internacional afirma que las mujeres siguen siendo objeto en el país “de discriminación en la ley y en la práctica”.
Sin embargo, Hassan Al Thawadi, máxima autoridad de la organización, aseguró que todo el mundo será bienvenido y que la seguridad de los asistentes estará garantizada:
“Somos un país relativamente conservador, lo que significa que las muestras de afecto en público no forman parte de nuestra cultura. Pero la hospitalidad y la acogida de personas de diferentes partes del mundo en nuestro país forman parte de nuestra cultura”.
Esta controversia social, ecológica y moral —véase el reciente reporte sobre presuntas torturas que salpica a Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG— ha favorecido que cada vez más voces pidan el boicot del Mundial o “devolver la Copa a la razón” con medidas de compensación.
Hay muchas alegaciones más de corrupción, sobornos y amenazas para que Qatar reciba la Copa del Mundo, siendo la última la polémica decisión de la FIFA de vetar a Rusia de las eliminatorias tras la guerra con Ucrania, algo que la FIFA no hizo vs Arabia Saudita por su intervención militar en Yemen, con Qatar tras las violaciones de derechos humanos infringidas en dicho país o vs Estados Unidos por la guerra que desató en Iraq.
En fin, Qatar 2022 es una Copa del Mundo manchada por sangre, corrupción, violencia y homofobia.
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Texto: Víctor Moreno
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